Un tribunal de La Haya dictaminó este lunes que los arrastreros de fondo neerlandeses no podrán volver a faenar sin permiso y sin una evaluación ambiental en el área protegida del Dogger Bank neerlandés, el espacio natural más extenso de los Países Bajos.
La sentencia fue calificada de “histórica” para la protección marina por un grupo de organizaciones ambientalistas, que consideran que ese tipo de pesca es “una práctica destructiva en las áreas marinas protegidas”
Se trata de la primera sentencia en Europa en la que un tribunal ha confirmado que los gobiernos tienen la responsabilidad de regular adecuadamente el impacto de la pesca de arrastre de fondo en esas zonas, según las organizaciones.
El tribunal indicó que la pesca de arrastre en esa zona protegida de la red Natura 2000 es, en contra de lo que argumentaba el Ministerio de Agricultura y Pesca neerlandés, una exención general contraria a la legislación en materia de protección de la naturaleza.
Las organizaciones, que incluyen a ClientEarth y a Blue Marine Foundation, explicaron que la pesca de arrastre de fondo “consiste en arrastrar grandes redes lastradas por el lecho marino para capturar especies que viven cerca del fondo, como el bacalao, la merluza, el camarón y el pulpo”.
Señalaron que ese arte “provoca la destrucción del hábitat y supone un desastre para la función crucial que desempeña el océano en el almacenamiento de carbono”.
Además, captura gran cantidad de “capturas accesorias” no deseadas, es decir, peces que no son el objetivo de la pesca, lo que ha “dañado gravemente el Dogger Bank, destruyendo vastas zonas de vida, incluyendo tiburones, rayas, moluscos de larga vida, plumas de mar, anémonas y corales”.
La sentencia de este lunes fue bien acogida por las organizaciones que habían presentado la denuncia: Doggerland Foundation, ARK Rewilding Nederland, ClientEarth y Blue Marine Foundation.
E indicaron que este caso se enmarca en una serie de litigios en Europa en relación con la pesca de arrastre de fondo en zonas protegidas, que tienen lugar también en España, Francia, Países Bajos, Italia, Suecia y Alemania, así como de dos denuncias presentadas ante la Comisión Europea