La flota atunera española ha expresado su preocupación ante la adopción de una nueva medida de gestión de los recursos de atún patudo en el océano Atlántico por parte de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).
Al respecto, advierte sobre el alto impacto que la reducción de capturas de esta especie puede tener en otras, tales como rabil y listado, objetivo también de la flota, debido a que en la mayoría de los lances de pesca se capturan las tres especies.El atún patudo representa solo el 10 % de las captura de la flota atunera española, pero los armadores calculan que una reducción del 20 % de las capturas de patudo al cerco (en torno a 6.000 toneladas) representaría unos daños colaterales de unas 54.000 toneladas de rabil y listado, así como unas pérdidas económicas de, al menos, EUR 80 millones (considerando sólo el valor de mercado de estas dos últimas especies, para las que el cerco no está sujeto a cuota).
La flota, representada en Opagac, recalca que a ello habría que añadir las pérdidas en términos de actividad en las fábricas conserveras, puertos de desembarco, pérdida de puestos de trabajo o necesidad de desguace de una cantidad considerable de buques de apoyo, si la ICCAT decidiese también limitar o eliminar la actividad de estos buques (lo que supondría la destrucción de más de 500 empleos directos, la mayoría de marineros africanos).
“Medidas de este tipo pondrían en riesgo la viabilidad de un sector que lleva desde los años 60 trabajando en el océano Atlántico y generando actividad económica en muchos países en vías de desarrollo de la región”, advierten desde Opagac.
Según los representantes de la flota atunera española, en los países del Atlántico en los que operan su actividad económica se traduce en más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y una gran inversión para la creación de industrias transformadoras.
Por otro lado, y según asociación, entre las medidas que se contemplan en los proyectos de recomendación presentados, la mayor preocupación se deriva de las consecuencias que puede tener sobre la actividad de la flota el reparto de los derechos de pesca.
“Dudamos -apunta Opagac-, que este reparto sea efectivo hasta que no exista un mecanismo robusto de limitación de la capacidad de pesca en todas las flotas. En este sentido, cualquier sacrificio será inútil si la ICCAT no adopta medidas para limitar la capacidad en el Atlántico y se asegura que todas las partes contribuyen a la reducción y respetan las normas adoptadas”.
Para Opagac, partiendo del hecho de que sólo el 10 % de los túnidos tropicales capturados por la flota atunera española en el océano Atlántico son atún patudo, cualquier decisión sobre la gestión de este stock debe reconocer este hecho y aplicar medidas consecuentes para minimizar el impacto sobre otros stocks. En este sentido, afirma que la gestión de los túnidos tropicales debe de ser diseñada de manera que las tres especies, de las que el listado supone el 60 % de la captura, el rabil el 30 % y el patudo el 10 %, sean gestionadas de manera conjunta y eficaz.