El próximo mes de octubre celebramos nuestro IV Congreso Nacional del Atún. Este evento que organizamos con periodicidad bianual, reúne a los principales actores del sector atunero español, tanto a los que operamos en el mar como a los que lo hacen en tierra, con el objetivo de que todo el abanico de funciones que cada uno de nosotros jugamos en él, encontremos un espacio para el diálogo, para el acuerdo y también, para el compromiso.
En nuestra anterior edición hicimos especial foco en la sostenibilidad de nuestra pesquería y, de manera especial, en la responsabilidad del sector alimentario para implicar al consumidor final de nuestro producto en ella. En esta edición volvemos a enfocarnos en la sostenibilidad, pero ahondando en una de sus vertientes, la de los derechos laborales a bordo, es decir, la sostenibilidad social.
En numerosos ámbitos, nosotros, ciudadanos y consumidores, tenemos el concepto de lo “sostenible” como un factor cada día más importante e incluso definitorio de nuestros actos y decisiones y mayoritariamente sólo teniendo en cuenta la vertiente medioambiental. Tal es el caso de la contaminación atmosférica, el reciclaje de residuos o la reutilización de materias primas que esta última práctica permite. Sin embargo, y refiriéndonos al consumo de los productos del mar, entre ellos las conservas de atún tropical, la sostenibilidad, desde mi punto de vista, aún no es determinante a la hora de elegir el producto que sin embargo, prácticamente todos consumimos e incluso, creo que no me equivoco si afirmo que forma parte del “fondo de armario” de todas las cocinas de nuestro país.
Nosotros, los productores, hemos cumplido nuestros compromisos. De hecho, hace dos años, en nuestro anterior congreso, pusimos encima de la mesa nuestro Proyecto de Mejora de la Pesquería (FIP ), puesto en marcha en 2016 como un estándar de pesca atunera sostenible a escala mundial, al que sumamos la publicación de la Norma UNE 195006 de Atún de Pesca Responsable (APR).
Desde entonces, estas dos iniciativas de la flota han crecido y se han enriquecido. En el caso del FIP, y tras hacer públicos los excelentes resultados de su aplicación en 2017, acabamos de anunciar que uno de nuestros barcos se ha convertido en pionero en usar los primeros FAD biodegradables del mundo. En el caso de la norma APR, hemos conseguido que todos y cada uno de los buques que aglutina nuestra organización estén certificados desde diciembre de 2017.
En definitiva, 46 de los barcos de cerco que pescan el 8 % del atún tropical capturado anualmente en todo el mundo son absolutamente responsables sobre cómo desarrollan su actividad y en qué condiciones. Nosotros hemos cumplido nuestros compromisos y seguiremos ahondando en ellos, y deseamos y también exigimos que el resto de los actores de este sector, que nos avalaron y nos animaron a ello, hagan los mismo.
La administración pública, las organizaciones sindicales y de consumidores, los distribuidores y los comercializadores tienen en su mano cerrar el círculo de la sostenibilidad de la humilde e indispensable lata de atún de nuestras despensas.
Por ello este año en nuestro congreso, queremos ahondar, dando una nueva vuelta a la tuerca, en los aspectos sociales de nuestra actividad pesquera. Creemos que ha llegado la hora de que el consumidor final de nuestro producto sea consciente de que, tras una simple lata de atún, puede haber buques con matriculaciones duplicadas, lo que impacta directamente en la sostenibilidad de esta especie, pero también unas condiciones precarias de trabajo, incluso puro esclavismo que en este caso, impacta directamente en nuestra propia especie, la humana, factores todos ellos que definen a la denominada pesca ilegal.
Creo que como consumidores, los ciudadanos tenemos derecho a conocer esta realidad, sobre todo si tenemos en cuenta aspectos como el mencionado anteriormente, que va más allá de la mera sostenibilidad de los stocks. Desde mi punto de vista, aún tenemos una dura batalla que desarrollar en el mar, pero ha llegado la hora de que se abra un nuevo frente en tierra, un frente que ineludiblemente, han de formar los distribuidores y comercializadores, los consumidores y las organizaciones sindicales.
Esta batalla en tierra, a mi entender irremediable e ineludible por más tiempo, debe eliminar prácticas comerciales como las que convierten la lata de atún en una mera moneda de cambio para atraer consumidores a los centros ofreciendo el producto, incluso por debajo de su coste de producción. Creo que este tipo de acciones, a veces sin tener en cuenta sus consecuencias, convierten a los consumidores en cómplices inconscientes de la pesca ilegal, además de obligarnos a despreciar los esfuerzos de las empresas y las personas que a diario, desarrollan su labor correctamente.
Por otra parte, tampoco es excusa argumentar que el uso exclusivo de atún responsable significaría no poder satisfacer la demanda del mercado. De hecho, esta argumentación lleva implícita la admisión de que efectivamente, los ciudadanos sin saberlo, estamos consumiendo atún legal y atún ilegal. Ante este dilema, creo que la solución es bien sencilla: ¿Por qué no exigimos que la totalidad del atún sea legal y proveniente de una pesca responsable? Europa es el principal consumidor de pescado y por tanto de atún del mundo ¿Cuándo se va a poder exigir que todo el atún que se importe en Europa cumpla con los estándares que promovemos desde OPAGAC?
Como conclusión desde OPAGAC, una vez más, ofrecemos a esta industria y a todos sus actores nuestra experiencia a favor del atún sostenible. También ponemos a su disposición el prestigio de nuestra flota, tripulantes y personal que, usando el lenguaje marinero, ya han virado con rumbo a la sostenibilidad.
[1]Conocido coloquialmente por el acrónimo inglés de FisheryImprovementProgram (FIP)