El anteproyecto de Ley de Acuicultura que el Gobierno de Galicia pretende aprobar está despertando el rechazo mayoritario del sector pesquero, fundamentalmente el de los cultivadores de mejillón, mariscadores y pescadores artesanales. Pero no solo ellos, en los municipios de la costa incluso los responsables del Partido Popular se muestran públicamente descontentos. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿por qué esta ley ahora en vísperas electorales?
La respuesta tiene mucho que ver con la actitud del Partido Popular en relación con la acuicultura en los últimos 10 años. Su irresponsable oposición al gobierno de coalición que se dio en Galicia entre los años 2005-2009 en materia de política acuícola, generó un posicionamiento demagógico de los populares que hizo imposible con su llegada al gobierno en 2009 continuar con los proyectos acuícolas que estaban planificados, truncando de esta forma las esperanzas de muchas empresas gallegas.
Hicieron bandera de la desinformación y la demagogia para tratar de impedir que el Plan de Acuicultura que redactamos en nuestro gobierno se hiciese realidad, poniendo como bandera que obligábamos a Pescanova a irse de Galicia y ejecutar sus inversiones en Portugal. Nada más lejos de la realidad. Pescanova no podía desarrollar su proyecto por razones de carácter legal en materia urbanística y ambiental, pero contaba con diversas ofertas del Gobierno del que formé parte para utilizar otros emplazamientos para poner en marcha sus inversiones. Si finalmente no se llevaron a cabo fue por interés político, no hay que olvidar que en aquella época el actual presidente de la Xunta de Galicia y el presidente de Pescanova, Manuel Fernández, compartían una estrecha relación.
Al llegar al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo anuló el Plan de Acuicultura que, contrariamente a lo dicho por la derecha, se había realizado con el acuerdo de las organizaciones sectoriales, sin despertar ni la más mínima inquietud en el sector del mejillón, del marisqueo o de la pesca artesanal, puesto que no interfería en absoluto en estas actividades.
La decisión de Feijóo paralizó por completo la puesta en marcha de nuevos proyectos o ampliación de los existentes cultivos marinos en tierra, una situación que se mantiene en la actualidad. Y lo que es más importante, el gobierno del Partido Popular ha sido incapaz de aprobar un solo metro cuadrado de instalaciones acuícolas en tierra en estos años.
No existe una ordenación sectorial que permita desarrollar estos proyectos con garantías jurídicas, urbanísticas y ambientales. Además, la crisis económica frenó las expectativas del sector y tantas decisiones irresponsables hicieron mella en las empresas y en los propios técnicos de las administraciones.
Todos los gestos durante estos 7 años han sido inútiles, nada ha servido para reactivar al sector de la acuicultura marina en tierra. Ni la declaración de interés público de la acuicultura para soslayar la normativa comunitaria en materia ambiental, ni la Estrategia Gallega para la Acuicultura, que se ha convertido en una suerte de papel mojado pues su redacción contiene tal indefinición de conceptos que a su amparo se puede denegar o aprobar el mismo proyecto, en función del interés político del momento.
Y ahora el PP nos sorprende con este anteproyecto que no ha sido demandado por el sector, que no soluciona el problema de espacio en tierra que necesitan los cultivadores de rodaballo, lenguado y otros peces, y que ni siquiera es útil para modernizar la pesca artesanal, el marisqueo o los cultivos marinos.
Un anteproyecto farragoso en sus contenidos, excesivamente reglamentista y que, además, es presentado ante la opinión pública con afirmaciones que no se sostienen en el articulado del mismo.
Entre éstas, que las mariscadoras gallegas no podrán acceder a ayudas europeas si no se aprueba esta Ley (las han recibido siempre y en las demás CCAA también las reciben aunque no tengan una Ley de Acuicultura); que hay que regular y potenciar la acuicultura (ya lo está en la legislación vigente, lleva regulada desde principios de los 90); o que es necesaria esta Ley para que los productores puedan acceder a concesiones administrativas, cuando la legislación vigente desde 2008 ya contempla esta posibilidad.
Esta actitud del Gobierno gallego, actuando con opacidad en la presentación de la Ley, faltando a la verdad en los motivos de la misma y negando el diálogo con el sector pesquero, está llevando a la mayoría de las organizaciones pesqueras a creer que lo que se pretende es convertir la ocupación del espacio marítimo en un privilegio de unos pocos.
La gente del mar está muy preocupada y cuando estas palabras vean la luz se habrá celebrado ya una, auguro, multitudinaria manifestación en Santiago de Compostela, exigiendo al Gobierno la retirada total del anteproyecto.
Personalmente creo que lo que mueve al gobierno de Núñez Feijóo es la pretensión de aparentar en vísperas electorales que apuestan por una actividad que mantuvieron paralizada desde que llegaron al Gobierno porque no fueron capaces de desandar el demagógico camino emprendido cuando eran oposición.