El sector pesquero español ha reclamado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) una revisión urgente y profunda del Plan Plurianual para las poblaciones demersales del Mediterráneo Occidental (MAP WESTMED), al considerar que su aplicación durante los últimos seis años ha provocado un grave deterioro económico, social y laboral en las comunidades pesqueras mediterráneas.
Así lo ha manifestado en Bruselas el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y vicepresidente de CEPESCA, José María Gallart, que ha denunciado en esta Comisión que la actual normativa ha supuesto la pérdida de más del 40% de las posibilidades de pesca y más del 50% del empleo directo vinculado a la actividad pesquera, poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas empresas familiares y el futuro de las zonas costeras que dependen de este sector estratégico.
Entre las principales demandas planteadas por el sector para afrontar esta situación se incluyen la mejora de los estudios científicos y una mayor independencia de los órganos asesores, la incorporación efectiva de criterios sociales y económicos en la gestión pesquera, la recuperación de una media de 180 días de actividad por embarcación al año, la eliminación de la doble regulación que afecta a la pesquería de gamba roja, la supresión de la diferenciación artificial entre pesca costera y de profundidad, el impulso a la innovación tecnológica y a las medidas de selectividad, la eliminación del criterio de “población más vulnerable”, que actualmente limita de forma desproporcionada la actividad pesquera, y la implantación de mecanismos de flexibilidad interanual que permitan trasladar hasta un 10% de las posibilidades de pesca entre ejercicios consecutivos.
Una visión exclusivamente medioambiental
Los pescadores consideran que la aplicación del MAP WESTMED ha estado marcada por una visión exclusivamente medioambiental, ignorando los pilares sociales y económicos que la propia Política Pesquera Común (PPC) establece como esenciales para garantizar la sostenibilidad integral del sector.
Gallart también ha cuestionado la metodología científica utilizada para justificar las restricciones impuestas a la flota mediterránea, señalando que organismos nacionales de referencia como el IEO-CSIC o el ICATMAR disponen de información más actualizada y ajustada a la realidad pesquera que no está siendo adecuadamente considerada en los procesos de toma de decisiones.
Asimismo, el sector pesquero denuncia que la regulación actual se basa en criterios alejados de la realidad de una pesquería mixta y multiespecífica como la del Mediterráneo. En particular, critica que la gestión del esfuerzo pesquero se haya condicionado prácticamente a una única especie, la merluza, generando un efecto de estrangulamiento sobre el conjunto de la actividad pesquera.
Gallart recordó asimismo que el sector ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la actividad, incorporando medidas como el aumento del tamaño de las mallas, la ampliación de las vedas espaciotemporales y la progresiva implantación de puertas voladoras, actualmente operativas en más de la mitad de la flota.