Una nueva investigación global de la Environmental Justice Foundation (EJF) revela pesca ilegal generalizada, destrucción ambiental y graves abusos contra los derechos humanos en la industria global del calamar, y pone de manifiesto que los vacíos actuales en la gobernanza están posibilitando estas prácticas.
Tras cinco años de investigación y más de 430 entrevistas realizadas a pescadores que trabajaban a bordo de buques pesqueros de larga distancia, el informe revela abusos graves, especialmente en buques bajo pabellón chino vinculados al aleteo de tiburón, la captura de megafauna vulnerable, la pesca no autorizada y las peores condiciones laborales documentadas: más del 92% de los pescadores entrevistados declararon haber sufrido al menos siete indicadores de trabajo forzoso, y se registraron 25 muertes en 20 buques en buques de pabellón chino.
Un aspecto fundamental de esta cuestión es que el nivel de verificación de los certificados de captura sigue siendo alarmantemente bajo. Esto resulta especialmente evidente en la Unión Europea, donde las tasas de verificación varían significativamente entre Estados miembros, lo que dificulta unos controles sólidos y armonizados.
Las medidas de control de importaciones de España destacan dentro de la UE por su desempeño relativamente sólido y por contar con un sistema sofisticado de evaluación de riesgos en los controles de importación. Dado que es el mercado más influyente a la hora de determinar el comportamiento de los productores, la supervisión de España resulta fundamental; sin embargo, persiste una deficiencia significativa: entre 2020 y 2023, el país verificó de media solo 2 de cada 1.000 certificados de captura recibidos en sus puertos, es decir, el 0,2% de los certificados fueron verificados, y rechazó apenas el 0,01% de ellos tras la verificación.
Estas cifras evidencian una vulnerabilidad sistémica. Los controles de importación siguen siendo fundamentales para España, que entre 2020 y 2024 fue el segundo mayor importador mundial de calamar y sepia, con un valor de 6.250 millones de dólares (5.300 millones de euros), solo por detrás de China. Además, España es el principal punto de entrada del calamar en la UE, al concentrar el 50% de las importaciones totales del bloque.
Aunque la supervisión física de España demuestra su capacidad de liderazgo, al poder inspeccionar más del 70% de los desembarques directos, el bajo índice de verificación de certificados de captura debilita su posición como actor influyente en el mercado mundial.€
Un modelo que posibilita la pesca destructiva y los abusos laborales a escala mundial
Este nuevo informe, uno de los más completos publicados hasta la fecha, expone fallos sistémicos en tres grandes pesquerías de calamar en los océanos Índico noroccidental, Atlántico sudoccidental y Pacífico sudoriental, que en conjunto suministran alrededor del 60% del calamar mundial.
Los hallazgos revelan que estas pesquerías operan en gran medida fuera de una supervisión efectiva, creando condiciones en las que los abusos proliferan sin control. Los pescadores entrevistados describieron violencia, robo de salarios y muertes en el mar, junto con prácticas generalizadas de aleteo de tiburón y captura de especies marinas vulnerables. Casi todos los entrevistados señalaron la práctica del transbordo en alta mar, una práctica que permite a los buques permanecer en el mar durante largos periodos de tiempo, lo que dificulta determinar el origen de las capturas y facilita que productos ilegales o insostenibles entren en las cadenas de suministro mundiales.
Las investigaciones apuntan a que las condiciones se deterioran considerablemente en los viajes más largos. En los buques que operan durante más de un año sin regresar a puerto, los casos de maltrato físico y prácticas perjudiciales para el medio ambiente aumentaron considerablemente.
La flota china de calamar de larga distancia, la mayor del mundo, se asocia con los resultados más graves en prácticamente todos los indicadores evaluados, entre ellos los abusos laborales, las prácticas ilegales y el daño medioambiental. Según EJF, la escala y opacidad de estas operaciones plantean serias preocupaciones para los mercados pesqueros mundiales.
Steve Trent, CEO y fundador de EJF, ha afirmado: ˝Lo que revela esta investigación es un fallo sistémico de gobernanza en alta mar. En ausencia de transparencia y regulación efectiva, la pesca ilegal, la destrucción medioambiental y los abusos contra los derechos humanos no son excepciones; son la norma.
Estos productos entran cada día en los mercados globales. Sin una acción urgente, consumidores, minoristas y gobiernos corren el riesgo de ser cómplices de un sistema basado en la explotación y el secretismo.
El camino a seguir está claro. Los gobiernos deben exigir transparencia en todas las cadenas de suministro de productos pesqueros y aplicar plenamente la Carta Mundial para la Transparencia Pesquera. Al mismo tiempo, necesitamos una acción multilateral decidida para someter estas pesquerías a una gestión eficaz y garantizar la protección de los derechos de los pescadores y la salud de nuestros océanos.˛
El informe pone en relieve una brecha regulatoria fundamental: la pesca industrial a gran escala se está desarrollando en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional con una gobernanza limitada o inexistente. Los marcos regionales existentes de gestión pesquera no han logrado adaptarse al ritmo de esta actividad.
EJF reclama una acción urgente por parte de gobiernos, industria y organismos internacionales, que incluya una mayor supervisión de las flotas de larga distancia, una regulación estricta de los transbordos, límites al tiempo que los buques pueden permanecer en el mar y una mejora de la protección laboral de los pescadores. Los Estados de mercado, incluidos los grandes importadores de productos pesqueros, también deben reforzar los controles para impedir que productos vinculados a la pesca ilegal y al trabajo forzoso entren en las cadenas de suministro.
Combinando una aplicación rigurosa de la ley, transparencia y cooperación internacional, los gobiernos pueden avanzar rápidamente hacia pesquerías sostenibles, legales y éticas, afirma la ONG.