El Gobierno va a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) la sentencia que desestimó varios recursos interpuestos por España y por el sector pesquero contra la designación por parte de la Comisión Europea (CE) de zonas de veda en el Atlántico.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmó que España presentó un recurso de casación que se “limita a los aspectos jurídicos” de dicha sentencia, que a su vez dictó el pasado junio el Tribunal General de la UE.
El fallo del Tribunal General comunitario daba la razón a la CE y avalaba la normativa de 2022, en la que designó 87 áreas que deben ser objeto de protección en España y otros países, al considerar que hay, o es probable que haya, ecosistemas marinos vulnerables, lo cual afectó a las capturas de merluza.
Para el ministro, la decisión de recurrir la sentencia -esta vez ante el Tribunal de Justicia comunitario, que es otra instancia está justificada por el hecho de que los argumentos que emplearon para el recurso inicial “continúan pareciendo válidos”.
Manifestó que la normativa de la CE “no puede excluir los aspectos económicos y sociales” por lo que ve necesario “ligar lo ambiental, como todo lo que se refiere a la PPC, a lo económico y a lo social”.
Otro de los argumentos para animarse a presentar el recurso es que España cree que Bruselas elaboró su reglamento sin tener en cuenta “la diferencia entre artes fijas y artes móviles”, lo cual es algo que “parece muy significativo” al ministro.
Según el ministro, lo que se intenta es “excluir el palangre de fondo del contenido mismo de la aplicación del reglamento” y lo hacen “a través del recurso” pero también apela al diálogo con la Comisión.
En ese sentido, indicó que España está dispuesta a “dialogar y a negociar con la CE y a presentar la evidencia científica necesaria para corregir una situación profundamente injusta, como es la inclusión del palangre de fondo como una modalidad más de arrastre, sin tener en cuenta que su afectación sobre los fondos marinos es mínima”.
Cepesca
La Confederación Española de Pesca aplaudió la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre las vedas del Atlántico.
Para Cepesca, se trata de un “paso firme, en la que representa la defensa de la racionalidad y proporcionalidad que, a su juicio, deben ponderarse a la hora de adoptar medidas medioambientales que afectan a la sostenibilidad socioeconómica de nuestras flotas, mayoritariamente de Burela (Lugo)”.
Y apuntó que además de Burela, hay otras localidades como Celeiro, Coruña, Vigo, Cedeira, Ribeira, Ondárroa y puertos asturianos que se ven “seriamente” afectados.
Xunta de Galicia
El Gobierno gallego manifestó su satisfacción por el anuncio del recurso del Gobierno central contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, expresó su satisfacción por este anuncio, que valoró “muy positivamente”. En esta línea, la responsable autonómica destacó que desde la Administración autonómica se ha mantenido un contacto constante con el sector para analizar y coordinar las acciones a tomar en el ámbito jurídico y político.
La titular de Mar manifestó que, aunque el Gobierno gallego respeta la decisión de este tribunal, “no compartimos esta sentencia” dado que esta modalidad de pesca es una de las más selectivas y sostenibles, con una afectación limitada en los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV).
OPP Puerto de Burela
La OPP Puerto de Burela trasladó su agradecimiento al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la decisión de recurrir en casación la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.
El Reglamento de Ejecución 2022/1614 aplica, explicó la OPP de Burela, es una “única metodología para todos los artes de pesca, sin tener en cuenta su impacto real y diferenciado (de los 16.500 km2 cerrados a la pesca, un 32 % son zonas de posibles EMV a proteger y el 68 % restante es por usar el modelo del arrastre a todas las artes de pesca), y la falta de estudios de impacto socioeconómico sobre cada arte de pesca (impacto promedio de -32 % del volumen merluza pincho por barco)”.
El sector recuerda que estos argumentos ya habían sido advertidos por los organismos asesores de la Comisión Europea, como ICES y STEFC, debido a la falta de datos y de estudios diferenciados por modalidades de pesca.
Foto: Lonja de Burela