Cepesca pide firmeza en el proceso judicial por la trama del atún rojo ilegal

16 de julio de 2024

La patronal de armadores Cepesca ha pedido “firmeza” al tribunal que juzgue la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo, tras el auto de una jueza de la Audiencia Nacional para procesar a ocho personas y doce empresas investigados por esas actividades.

Cepesca ha reaccionado este lunes, en un comunicado, al auto de la jueza María Tardón, que plantea ese procesamiento judicial a los investigados por la venta de atún rojo procedente de la pesca ilegal, entre los que figuran empresas como el grupo Ricardo Fuentes.

En este caso, vinculado a la Operación policial Tarantelo contra la pesca ilegal de atunes, Cepesca se personó como acusación particular.

Los armadores han manifestado “que este tipo de conductas son inadmisibles, no sólo en el sector pesquero, caracterizado por un continuo esfuerzo para implantar las mejores prácticas en su actividad, sino también en la comercialización y restauración española, cuyo prestigio y reputación pueden verse perjudicados”.

También han valorado las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en las que acreditó que en general la flota española cumple las leyes y afirmó que las conductas ilegales no son la realidad del conjunto del sector.

Cepesca ha subrayado que en los últimos 12 años se han adoptado medidas de control en el seno de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, por sus siglas en inglés), que permitieron que las autoridades detectaran “y desenmascararan en 2018 esta presunta trama” de pesca ilegal de atún rojo.

Ha recordado que la investigación de la Guardia Civil, de la Operación Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en España más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, y generando un beneficio ilícito de unos 25 millones de euros al año.

Cepesca se personó como acusación popular en la causa abierta tras esta investigación, al considerar que la “gravedad de estos hechos afectan directamente al sector” y a los objetivos de la patronal, entre los que se encuentran el desarrollo de una pesca responsable y la lucha contra la actividad ilegal, según el comunicado.