La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, señaló que los “recortes” en las cuotas de pesca que plantea la Comisión Europea para 2022 “no son admisibles porque ponen en peligro la viabilidad del sector pesquero del Mediterráneo”.
La Comisión Europea plantea unos recortes generalizados que afectan a la flota del golfo de Cádiz, especialmente drásticos en la pesca de la merluza (-16,44 %), el lenguado (-15,16 %), los jureles (-12,6 %) o la cigala (-23 %); mientras que en las especies que se incrementa la cuota resulta insuficiente, como el caso del rape.
“Al margen de la sostenibilidad medioambiental, también es necesario velar por la sostenibilidad social y económica”, aseguró Crespo, que ha mantenido una reunión con representantes del sector pesquero andaluz, previa al Consejo de Ministros de Pesca previsto para los días 13 y 14 de diciembre.
En la reunión participaron los presidentes de Facope, Manuel Fernández, y Faape, José María Gallart, con el objetivo de fijar una posición única desde Andalucía.
Las cuotas ya sufrieron hace un año una reducción, en especial el sector del arrastre del Mediterráneo, por lo que “nos estamos preparando para demostrar que los caladeros están mejor y que hay más posibilidades de pesca”, aseguró.
Todas las partes coinciden en destacar la importancia de contar con “estudios científicos lo más actualizados posible”. En este sentido, la consejera sostuvo que el sector “no puede soportar nuevas restricciones que harían que la actividad no fuese rentable para muchos pescadores”.
De la pesca viven en la comunidad más de 20.000 familias, por lo que el sector y la Junta quieren que la decisión que se adopte desde Bruselas sea pensada y, aunque prime la sostenibilidad del caladero, también influya la posible repercusión social.
Ambas partes van a recopilar toda la información disponible para aportar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación argumentos de defensa de la actividad “que impidan una vuelta de tuerca más” desde Europa.