Galicia demanda intervenir en recurso contra veto pesquero de la UE

31 de marzo de 2023

La Xunta de Galicia presentó esta semana la demanda para intervenir, como parte coadyuvante, en el recurso presentado por la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) contra el reglamento de la UE que establece 87 zonas de veda a la pesca de fondo.

De esta manera, si el Tribunal de la UE acepta la demanda, podría participar en el procedimiento y defender de manera directa los intereses de la flota afectada y del conjunto de la autonomía, según explicó este jueves la Xunta en una nota de prensa.

El Ejecutivo autonómico anunció el pasado mes de diciembre que se iba a sumar como parte coadyuvante -para intervenir en el proceso en una posición subordinada a la parte principal- en el recurso de la asociación pesquera, después de descartar la presentación de un recurso propio, y tras el que ha sido planteado por parte del Gobierno español contra el mismo veto pesquero.

La demanda presentada ahora por la Consellería do Mar recuerda que la prohibición de la pesca de fondo afecta a caladeros vitales para la flota gallega, por lo que argumenta que su intervención en este proceso judicial se incluye “incuestionablemente en las obligaciones y competencias de la Xunta en representación del interés público”.

Por eso, defiende la necesidad de paralizar un veto que considera “totalmente arbitrario”, sin estudios científicos que lo avalen, e “injustificado”, pues impacta especialmente en una de las artes más selectivas que existen, el palangre de fondo.

Además, recuerda que no se realizaron informes previos de impacto socioeconómico poniendo así en riesgo la viabilidad de la flota y muchos puestos de trabajo.

Sobre este impacto, en los 100 primeros días de vigencia de esta prohibición, que se inició el 9 de octubre, las capturas totales de la flota afectada descendieron un 22 %, una caída que en muchos casos llegó al 50 %, especialmente para algunos barcos que faenan en aguas de Gran Sol.

La Xunta calcula que las pérdidas directas de la flota gallega podrían alcanzar los 216 millones de euros al año, unas cifras que en las lonjas de Galicia ascenderían hasta los 228 millones de euros, dado que los puertos de la comunidad reciben también descargas de buques de otras regiones.

A esto se añade que el veto pone en riesgo de manera directa el futuro de 200 embarcaciones y de cerca de 2.300 tripulantes mientras que de manera indirecta están amenazadas alrededor de 900 embarcaciones y otros 2.400 profesionales del mar.

 

Foto: Reunión el pasado mes de febrero en Burela del director xeral de Pesca, Antonio Basanta, con miembros del bufete de abogados J&A Garrigues y representantes de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7)