El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que la Xunta está trabajando ya en un nuevo Plan estratégico de la conserva para definir la hoja de ruta del sector hasta 2030, en ámbitos como la producción y comercialización, la innovación, el empleo, el medio ambiente y la normativa que afecta a esta industria.
Durante una visita a las instalaciones del grupo Calvo en Carballo, Feijóo garantizó el compromiso de la Administración autonómica con la cadena mar-industria, reflejado también en una nueva convocatoria de ayudas para que pymes del sector mejoren los procesos de transformación y a las que se destinan 19 millones de euros de presupuesto. “Seguimos trabajando de forma constante con Anfaco-Cecopesca”, añadió.
El titular de la Xunta recordó que la industria conservera gallega está plenamente internacionalizada tanto en ventas como en producción e incidió en la necesidad de aprovechar las nuevas oportunidades surgidas del cambio de hábitos por la pandemia y adaptarse a las nuevas demandas del consumidor.
En esta línea, aseveró que las instalaciones de Calvo confirman que la conserva gallega sigue teniendo muy presente la doble premisa que la llevó a convertirse en uno de los sectores estratégicos de la economía de Galicia: respeto por la tradición sin renunciar a la innovación y a la modernización.
“Estamos hablando de una de las grandes multinacionales gallegas que hizo un rediseño integral del proceso de fabricación y transformación hasta contar con la que se puede definir como una planta inteligente del atún, dotada de lo último en tecnología que permitirá automatizar todo el proceso gracias a la robotización, controlar en tiempo real todas las operaciones y corregir cualquier desviación a tiempo”, destacó, recordando que, en la actualidad, el grupo está presente en 69 países y genera más de 5.000 empleos.
Por último, y ante las pretensiones del Gobierno central de que ninguna concesión en el litoral dure más de 75 años desde la autorización inicial, Feijóo aprovechó el acto para pedir nuevamente al Gobierno central que concrete cuáles son sus planes y que, ante cualquier modificación, escuche a la cadena mar-industria afectada.
“Se intentó implantar esta limitación con la Ley de cambio climático pero se logró evitar en buena medida durante su paso por las Cortes Generales y, ahora, parece ser que se vuelve a intentar en el reglamento de la Ley de costas”, recordó, incidiendo en la necesidad de que “impere el sentido común”.